Por Manuel PÉREZ YRUELA, Carlos GENTIL GONZÁLEZ, Antonio J. PORRAS NADALES y Antonio J. SÁNCHEZ
Existe un consenso muy amplio sobre la idea de que el progreso de la sociedad en todas sus dimensiones depende cada vez más del conocimiento. No hay país ni partido político que no asuman esta idea ni la invoquen en casi todos los discursos. Sin embargo, son pocos los países y regiones que son consecuentes con ello y hacen lo necesario para tener una posición avanzada en la producción de conocimiento, campo cada vez más competido a nivel global. La batalla que se está librando contra la pandemia que nos azota es un buen ejemplo de esto.
España y Andalucía se han sumado en los últimos cuarenta años a los países y regiones que han puesto en marcha sistemas de producción y transferencia de conocimiento, que emulan los de los países más avanzados. Contamos pues con el marco institucional necesario. Sin embargo, la eficacia con la que nuestro sistema de I+D+I realiza esa función está todavía lejos de poder ser calificada como avanzada, atendiendo a algunos de los indicadores que se utilizan para medirla.
Como es sabido, un buen indicador de la calidad del conocimiento científico es la proporción de publicaciones de cada universidad que están en el 1 por ciento de las más citadas; pues bien, según los valores publicados de este indicador (CWTS Leiden Ranking 2020) para 413 universidades europeas, todas las de Andalucía ocupan posiciones por detrás de las primeras doscientas (desde la universidad de Sevilla en la 233 a la de Jaén en la 355), con un número de publicaciones de ese nivel relativamente reducido; no hay ninguna universidad española entre las cien primeras, que comienzan a aparecer en el bloque entre las 100 y las 200, donde se hallan entre otras un buen número de las catalanas. Además, en un reciente estudio sobre los cien mil investigadores más citados del mundo (Ionnidis et. al, 2019), las universidades andaluzas contaban con poco más de cien de ellos, el 7,5% de los que hay en España; por establecer alguna comparación internacional, la universidad de Utrecht contaba con cerca de trescientos y la de Copenhague con algo más de cuatrocientos.
La conclusión que se extrae de estos datos es que en las universidades andaluzas el número total de publicaciones ha aumentado mucho, pero sólo unos pocos grupos de investigación son capaces de producir conocimiento del nivel de excelencia antes señalado. Son grupos dispersos entre las universidades, que no constituyen masa crítica suficiente para que el sistema en su conjunto esté en posiciones más avanzadas. Esto se debe a deficiencias institucionales, sociales y económicas que pueden calificarse de estructurales.
Entre las deficiencias institucionales se suele citar que el modelo de gobernanza de la universidad española no es el más adecuado para lograr la producción de conocimiento de calidad que se necesita en estos tiempos. Asociado a este problema está el de la endogamia, cuestión debatida, pero que las universidades más avanzadas tienen políticas para impedirla. Esta característica afecta a la universidad española y a la andaluza: tres de cada cuatro docentes trabajan en la misma universidad en la que leyeron la tesis doctoral (en Cataluña y Madrid son dos de cada tres y en Castilla-La Mancha, uno de cada dos); nueve de cada diez de los que leyeron su tesis en una universidad andaluza trabajan en una universidad de Andalucía.
en las universidades andaluzas el número total de publicaciones ha aumentado mucho, pero sólo unos pocos grupos de investigación son capaces de producir conocimiento del nivel de excelencia
Las deficiencias económicas son igualmente importantes. La financiación del sistema de I+D+I de Andalucía (0,92% del PIB en 2018) está bastante por debajo de la media española (1,24%), de la media de la UE (2,18%) y de la de otras CCAA como País Vasco, Madrid, Cataluña o Valencia. También, lo está la participación de las empresas en el gasto total en I+D+I, que en Andalucía es de un 37%, mientras en España alcanza ya el 57% y en la UE llega a los dos tercios. Igualmente, es bajo el gasto comparativo de Andalucía en actividades de alta tecnología, muy asociadas a entornos avanzados en producción de conocimiento: en 2018 no llegaba al 6%, del total nacional y era cinco veces más bajo que el de Cataluña o Madrid.
Y lo son también otras causas: la juventud de más de la mitad de las universidades andaluzas (cinco con menos de 30 años), la falta de especialización dentro del sistema de universidades y la dispersión de los limitados recursos disponibles que ello ha supuesto; la creación en Andalucía de tantas universidades en poco tiempo, que puede haber sido útil para facilitar el acceso de la población a la enseñanza superior, que se podría haber hecho alternativamente con un buen programa de becas, pero que no ha sido útil para robustecer la calidad de las universidades; la escasa coordinación que ha habido entre la formación de docentes e investigadores, que se ha impulsado bastante, y la oferta de empleos en el sector de I+D+I, que ha tenido como efecto la salida fuera de Andalucía de buenos investigadores. La última evaluación que se hizo del Plan Andaluz de Investigación, la del PAIDI 2007-2013 (IESA, 2013), señalaba otras debilidades: dispersión y baja masa crítica de los grupos de investigación (cerca de 2.500); ausencia de incentivos para fusionarse o colaborar; escaso desarrollo de la producción tecnológica medida en patentes y modelos de utilidad; reducido número de empresas y entidades públicas que emplean a las start-ups y spin-off surgidas del sistema de I+D+I; desconexión entre los dos grandes grupos de programas del Plan, el dirigido a proyectos de investigación y el dirigido a la innovación empresarial; Contado número de empresas andaluzas que realizan investigación…
Los contenidos y conclusiones del muy reciente informe de la AIReF, sobre el Sistema Universitario Público de Andalucía, publicado cuando este artículo estaba a punto de cerrarse, toca algunas de estas cuestiones y convendrá leerlo con atención.
El sistema de I+D+I andaluz (y el español) necesita una importante reforma cuyas líneas principales ya se han señalado en varios informes. Sin pretensiones de exhaustividad, esa reforma debe incluir un cambio del modelo de gobernanza que haga más compatible la participación y una gestión eficaz, reconfigurando los órganos de dirección para reducir el sesgo corporativo, y un conjunto de medidas que: reduzcan la endogamia, refuercen la excelencia; promuevan la colaboración y fusión entre grupos de investigación para aumentar su tamaño y mejorar la calidad; faciliten la contratación del profesorado y su movilidad internacional; flexibilicen la incorporación de investigadores de excelencia de universidades de fuera; faciliten la incorporación de científicos en las empresas; posibiliten e intensifiquen las relaciones de transferencia de conocimiento con organismos públicos y empresas; y reduzcan la carga burocrática que hoy pesa sobre la investigación.
Esta reforma no sería posible si la financiación del sistema no aumenta, avanzando sin pausa hacia el 2% del PIB, objetivo asumido coloquialmente por las instituciones del sistema pero nunca alcanzado, sin olvidar el compromiso formal de alcanzar un 3%. Es muy importante que este aumento de recursos aportados por agentes públicos y privados se acompase a la capacidad que vaya teniendo el sistema para emplearlos con eficacia en el marco de las reformas señaladas, y que el sector empresarial aumente su participación y su capacidad de uso del sistema de I+D de manera significativa.
Todos son asuntos bien conocidos y debatidos dentro y fuera de la comunidad científica. Lo que no ha habido es respuesta ni voluntad política para aplicar las debidas soluciones aunque alguna vez se haya intentado, sin éxito. Son reformas que deben contar con el mayor consenso posible (en el marco de ese Horizonte Estratégico del que habla la AIReF), ya que cuanto más se tarde en llevarlas a cabo peor será para nuestro futuro.
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