Por una modernización posible de la Formación Profesional

Por CARLOS GENTIL

El pasado mes de Enero el Gobierno Central presentó un ambicioso Plan de Modernización de la Formación Profesional, fundamentado en los estudios prospectivos llevados a cabo por el Centro Europeo para el desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) que indican que, en el horizonte del año 2025, el 37% de los puestos de trabajo requerirán personas con un alto nivel de cualificación (estudios universitarios o de formación profesional de grado superior), el 49% requerirán a personas con un nivel medio de cualificación (formación profesional de grado medio) y tan solo el 14 % de los puestos estarán habilitados para personas con un nivel de cualificación bajo (estudios incompletos o tan sólo graduados en secundaria obligatoria).

Antes de comentar el Plan es conveniente aclarar algunos conceptos:

Formación profesional (FP): se refiere a lasenseñanzas que tienen por objetivo impartir conocimientos teóricos y prácticos, destrezas y/o competencias requeridas en determinados perfiles profesionales.  Se denomina Ciclo formativo de grado medio si se realiza con posterioridad a la obtención del título de secundaria obligatoria (ESO) y de grado superior si se accede a él después de superar un ciclo formativo de grado medio o el bachillerato. Tanto para el grado medio como para el superior se puede acceder si se supera una prueba de conocimientos equivalentes al nivel académico requerido

Acreditación/cualificación: se refiere a la concesión de un reconocimiento oficial de competencias profesionales con significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a través de la experiencia laboral 

Formación profesional básica: se refiere a la formación de tipo general o profesional impartida dentro del sistema de la educación inicial, habitualmente antes de acceder a la vida activa, con la idea de que se obtenga un título mínimo que cualifique profesionalmente. Dicha modalidad fue creada por LOMCE como sustituto de los Programas de Cualificación Profesional Inicial para el alumnado que no iba a completar la ESO.

Formación profesional dual: se refiere a la formación en alternancia que combina periodos lectivos en la escuela o centro educativo o formativo con otros de prácticas en un centro de trabajo.

Formación profesional para el empleo al conjunto de instrumentos y acciones que tiene por objeto impulsar y extender entre las empresas y trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.

Formación para toda la vida: se refiere a toda la formación que tiene lugar tras la educación o formación iniciales –o tras acceder a la vida activa– y que pretende ayudar a las personas a perfeccionar o actualizar sus conocimientos y/o capacidades, para obtener otras para un nuevo puesto o una reconversión profesional, y para continuar su desarrollo personal o profesional.

La razón de ser de este Plan de Modernización es la constatación de que, según datos de 2018, nuestro país tiene un 31,7 % de personal con alta cualificación, lo que en principio podría considerarse adecuado, pero sólo un 22,7% de cualificación media y un alto porcentaje (45,7%) tiene baja cualificación. Esta situación dista mucho de ser la necesaria para un escenario laboral como el descrito antes para 2025

Otra razón es que de los casi 23 millones de personas que conforman la población activa de nuestro país, 11 millones (48%) carece de cualquier acreditación profesional (son analfabetos, tienen estudios primarios incompletos, poseen la educación primaria, el graduado en educación secundaria o el bachillerato).

Estos datos para Andalucía son los siguientes: 

( Datos globales INE 2020T4)

En la tabla se observa que Andalucía está por debajo de la media española en alta cualificación (26,6%) y cualificación de grado medio (20,5%) y por encima de la media en baja cualificación (52,8 %), que sube hasta el 60 % si se refiere a las personas sin acreditación profesional. En resumen, en Andalucía, de una población activa de 4 millones de personas, 2,4 millones carecen de acreditación de sus competencias.

Esto plantea dos problemas estructurales importantes: por un lado, hay un alto número de personas que no pueden acreditar su competencia profesional y, por otro lado, un gran desequilibrio entre la cualificación de nuestra población y las necesidades que del mercado laboral, cuestión esta última que para muchos es la razón del elevado desempleo que existe en España: 14,4% frente a los países de la zona euro con un 7,4% zona euro, y en Andalucía con el 22%.

Con estos datos se pueden hacer dos valoraciones. La primera es que el número de personas que tienen el bachillerato es el doble de los que obtienen el título de grado medio. Esto indica que, aun habiéndose elevado notablemente el número de alumnos en formación profesional en los últimos años, un prejuicio que comparten muchos españoles es que los que acaban estudiando FP Básica o Mediaes porque “no pueden hacer otra cosa”, es decir los alumnos con mal rendimiento en la ESO. Una encuesta reciente de Eurostat muestra que en el año 2016 los matriculados en Formación Profesional representaban el 35% del total de estudiantes de España en sus franjas de edad. La media en la OCDE es del 44%, y en la Unión Europea sube al 48%.

La segunda valoración es que la alta proporción que hay de personas con formación superior puede indicar una huida hacia adelante en la percepción social de lo que es mejor para los jóvenes respecto a sus posibilidades inserción en el mercado laboral y lo que es mejor para el conjunto de la sociedad.

Estos argumentos ponen de manifiesto el gran esfuerzo que habrá que hacer para elevar y adecuar los niveles de cualificación y de acreditación profesional de nuestra población activa a los estándares requeridos.

La otra cuestión que analiza el documento para justificar la necesidad de modernizar la formación profesional es el de la estructura del sistema de formación. Actualmente dos vías de desarrollo: uno, la formación profesional reglada, muy académica y rígida y, otro, la formación profesional para el empleo. Cada uno depende de una administración diferente, que ha sido y es fuente de tensiones e ineficiencia para el logro de las metas planteadas.

En cuanto a los títulos de carácter formal que oferta el sistema educativo hay hablar de títulos que habilitan para continuar la formación ya que en ellos se imparten contenidos de carácter profesional, en concordancia con las cualificaciones profesionales y por lo tanto habilitantes laboralmente, pero apoyados en contenidos básicos de carácter más instrumental y académicos que habilitaran para continuar itinerarios formativos de niveles superiores.

El principal problema que presenta esta estructura es la rigidez para la obtención de un título, que o se obtiene en su totalidad o no se obtiene. Se trata de un sistema funcionariado, con una gran rigidez y una regulación académica muy burocratizada de la formación profesional. Si bien es cierto que la formación profesional ya está diseñada por módulos formativos y por unidades de competencia que podrían cursarse de forma independiente, desde hace tiempo, esto no se ha llevado a cabo porque complica las estructuras rígidas organizativas de los centros. El informe “EL RETO DE LA FP” que realiza la Fundación Atressmedia indica que el modelo español de formación profesional, refleja más una laboralización de la escuela que una escolarización del lugar de trabajo, es decir manejamos un modelo escolar que incorpora trazas laborales para formar profesionalmente en lugar de un modelo de hacer escuela en los lugares de trabajo, como es el caso alemán.

En el otro itinerario, definido a través de la acreditación de la profesionalidad que representa la formación profesional en el ámbito laboral, estamos hablando de acreditación de una experiencia que tan solo tiene valor profesional y requiere de ser completada con los aspectos académicos (poseer el titulo de secundaria o similar para la certificación de profesionalidad de nivel 2, o de bachillerato o similar en el caso de la certificación de nivel 3).  Es decir difíciles de considerar a efectos de computo del nivel formativo de la población, que hace que, como indicamos antes, cerca de la mitad de la población española y casi el 60% de la población andaluza, de entre 16 y 65 años, carezca de la acreditación formal de sus competencias profesionales. Esto les impide o, al menos, ralentiza la capacidad de seguir formándose, ya que no parten del nivel acreditado necesario para poder inscribirse en programas formativos formales.

Otro de los problemas, es que, como se indica en el propio documento, desde 2009 que se implantó el sistema de acreditación profesional tan solo se han acreditado actividades de este tipo sobre el 2,5% de los que lo requerían, cantidad que se demuestra como totalmente insuficiente.

Con este panorama es lógico que se hable de “Modernizar la Formación Profesional”. Para ello urge eliminar la dualidad formación académica-formación laboral y flexibilizar los módulos que componen la formación profesional, de forma que se pueda ampliar la “carta de ofertas” para todos. Por una parte,  para los jóvenes que quieren acceder a un puesto de trabajo especializado, aunque no posean la formación académica adecuada para seguir avanzando. Por otra, para la población activa que desea poder certificar su preparación profesional y a la vez acceder con facilidad a poder seguir avanzando académicamente para alcanzar un nivel más alto,  sin tener que optar por abandonar el trabajo para continuar estudios o partir desde cero para una formación profesional que ya poseen.

Es igualmente prioritario reforzar la oferta de puestos en los módulos de formación profesional que permita, en el más corto tiempo posible, abarcar a esa población activa que hoy no puede acreditar su preparación.

La propuesta concluye que, para todo ello, es necesaria una permanente colaboración público-privada, adecuar el sistema para que haya un único acceso a todo lo que represente formación o acreditación profesional, un sistema de acreditación más ágil de la preparación profesional de nuestros trabajadores y la flexibilización del acceso a la formación.

La dificultad de todo este proyecto está en los obstáculos que van a encontrar de muchas de las propuestas para la implantación en los ámbitos profesionales. Esto sólo se podrá resolver con una buena gestión y con los recursos económicos necesarios. No será en exceso complicado alcanzar el reconocimiento y la acreditación de las competencias básicas y profesionales adquiridas a través de la experiencia,  digitalizar la formación profesional, renovar el catálogo formativo incorporando sectores estratégicos o mejorar la orientación profesional. Sin embargo, será mucho más difícil incorporar la innovación, el emprendimiento, redimensionar la oferta o incorporar a los centros de formación profesional como organizadores de tecnología aplicada generando redes de centros para la innovación y la creatividad aplicada que apoyen al sistema. Para ello hay que ser conscientes de la realidad del sistema, con funcionarios afincados en sus plazas y en sus conocimientos, y con centros muy academicistas, con estructuras administrativas más propicias a generar dificultades que a favorecer cambios tan significativos como los que en el proyecto se plantean.

Es pecar de falta de realismo, pensar que en 4 años se va a lograr acreditar las competencias de 3.352.000 personas cuando en los 10 años anteriores solo se han acreditado 175.858. Para lograrlo habrá que superar las dificultades anteriores relativas a funcionarios, centros y administraciones,  para acercarlos a la aceptación de los cambios que se proponen.

Tampoco se habla de cómo hacer que la mayoría de las empresas colaboren con el Plan, más allá de la tímida acogida de alumnos en una formación profesional dual aún muy poco implantada y que no tiene en cuenta la revolución que ello representaría para ese 94% de Pymes que este país tiene como base del tejido empresarial.

Tampoco se tiene en cuenta la dificultad para conseguir desarrollar una formación profesional global, dado que las economías de nuestras comunidades autónomas son muy diversas y dispersas. No se pueden podemos considerar las mismas necesidades para el País Vasco, economía muy industrializada e innovadora, que, para Andalucía, una economía basada en el turismo, el sector agroalimentario y más recientemente al desarrollo sostenible a través de las energías renovables y el fomento de los espacios naturales protegidos. Los sectores estratégicos difieren de forma significativa y habrá que decidir si se desarrolla una formación profesional para mantener la actual salida de personas cualificadas fuera de la comunidad o, por el contrario, promover el cambio del modelo productivo de la comunidad para que puedan quedarse aquí.

En la actualidad, en la mayoría de los Institutos de Secundaria, además de los bachilleratos, se ofrecen módulos de grado medio de FP. Esto ha mejorado notablemente la incorporación a la formación profesional, pero las cifras están aún muy sesgadas hacia los bachilleratos, por el “desprestigio social” que tiene la formación profesional. Tan sólo un 35% se decanta por ella, más por esta causa que por su valor real en el mercado de trabajo. La encuesta de la Fundación Atresmedia y la Fundación Mapfre revela que, en efecto, la FP obtiene un suspenso en la valoración: 4,82 sobre 10, mientras que el Bachillerato está valorado con un 7,61 y la universidad con 8,32. No obstante, hay datos que indican que un 42,3 % de las ofertas de trabajo publicitadas en 2018 requirieron un grado de FP y superaron, por primera vez, a aquellas que demandaban un título universitario, que eran el 38,5 % (El País, agosto de 2019). Además, según el INE, los titulados de FP, tanto de grado medio como superior cobran más que los de Bachillerato cinco años después de haber acabado los estudios y la tasa de paro entre quienes tienen un ciclo formativo es la mitad de la que tienen quienes habían optado por el Bachillerato.

Por ello, hay que mejorar la apreciación social de este nivel educativo en la sociedad Española y evitar las familiasorienten a sus hijos fuera de la FP, pese a que sus preferencias y sus aptitudes, en muchos casos, puedan encajar mejor con un recorrido formativo que parta de un Grado Medio de FP y no que del Bachillerato.

Finalmente, hay que subrayar que llevar a cabo el proceso de modernización de la formación profesional va a requerir un gran esfuerzo para  incorporar a las empresas, cámaras de comercio y organizaciones empresariales al desarrollo de los planes de Formación Profesional, para contribuir a la actualización de la FP, de manera que se vaya adecuando a la evolución del mercado de trabajo. También hace falta hacer visibles modelos sociales de éxito que provengan de la Formación Profesional, que sirvan de referentes en las actividades de orientación profesional que hacen los institutos.