Por JOSÉ BLANCO DOMÍNGUEZ
CCOO de Andalucía defiende el desarrollo y el progreso de nuestra tierra, hay que seguir defendiendo y avanzando en el modelo de Estado Autonómico; para garantizar el pleno desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía y mayores cuotas de autogobierno; para favorecer la cohesión social y la generación de riqueza, y que ésta se redistribuya de un modo más justo y equitativo.
Para CCOO de Andalucía es indispensable emprender un conjunto de políticas y actuaciones que nos hagan salir de la crisis de una manera más justa, donde los esfuerzos sean compartidos por el conjunto de la sociedad, y no recaigan de manera exclusiva sobre las personas trabajadoras, y los sectores más débiles de la población. La incipiente recuperación no estaba llegando por igual al conjunto de la sociedad andaluza, produciendo un reparto desigual del crecimiento.
Las políticas de restricción del gasto público y la inversión, las grandes cifras de desempleo, la devaluación salarial, la pérdida de recaudación vía ingresos y la caída del consumo, entre otras, se han sentido con más fuerza y mayor profundidad en una economía de por sí frágil, como la andaluza.
Se necesitan medidas urgentes que corrijan la situación, pero sobre todo, se requiere un Gobierno que lleve a cabo medidas estructurales que permitan reconstruir y reorientar el modelo productivo, situando como objetivo primordial la creación de empleo de calidad y fomentando la protección de las personas que más lo necesitan.
Sin duda, esta pandemia y las medidas para enfrentarla van tener en términos, económicos, sociales y laborales, unas consecuencias directas para las personas trabajadoras y para el conjunto de la ciudadanía andaluza y de este país.
El impacto de la crisis sanitaria provocada por el Coronovirus ha recrudecido el claro deterioro de los indicadores de 2020, tanto macroeconómicos como sectoriales y de empleo, que ya se venían produciendo antes de esta situación, y que reflejaban las estadísticas oficiales (exportaciones, empleo…), que ya veníamos advirtiendo desde el sindicato y que constató la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2020.
Además, en estos días hemos conocido el dato del paro registrado del mes de abril donde más de 32.964 personas vienen a incrementar las personas en situación de paro en Andalucía, subida supone un aumento del 3,49%, situándose en un 21,21% y que sitúa a nuestra comunidad en 978.297, que representa el 25,5% del total de paro de España (3.831.203 personas paradas).
A esta situación postcovid-19 hay que sumar por tanto que en nuestra comunidad seguíamos sufriendo las consecuencias de la crisis de 2008 y de la pésima gestión que se realizó de la misma (reformas laborales, austeridad a ultranza, recortes sociales, y deterioro de los servicios y la inversión pública).
Esta situación requiere la imperiosa necesidad de que el Gobierno de Andalucía actúe sin dilación alguna, adoptando medidas en el marco del diálogo social para que de manera urgente, con agilidad y celeridad, se haga frente a la situación de especial gravedad que atraviesa nuestra comunidad. Por ello, desde CCOO de Andalucía propusimos “40 Medidas para enfrentar la urgencia laboral, social y económica provocada por el COVID-19 en Andalucía”, medidas que en el día de hoy siguen siendo urgentes desarrollar. Pero la COVID-19 he hecho más que evidente que es preciso ir más allá y determinar las líneas de un nuevo modelo productivo y social, tan reivindicado por nuestra organización y que la crisis del coronavirus ha mostrado inaplazable.
Por todo ello, es necesario junto a las medidas urgentes abordar otras de carácter estratégico y estructural bajo el diálogos social, que permita una salida rápida, sólida y solidaria de esta crisis, sin dejar a nadie atrás, que garantice la cohesión social y territorial que tanto necesitamos y que se articule bajo:
Por todo ello, es necesario junto a las medidas urgentes abordar otras de carácter estratégico y estructural bajo el diálogos social, que permita una salida rápida, sólida y solidaria de esta crisis
- Medidas dirigidas a implantar un modelo económico sostenible para Andalucía que suponga menor dependencia de un mercado que se sustenta en sectores que generan poco valor añadido y que basan sus beneficios en la precariedad laboral.
- Más y mejores servicios públicos: sanidad, atención a las personas mayores y a las dependientes, educación, empleo, etc.
- Inversión en ciencia, tecnología e innovación, que oriente la recuperación hacia un modelo de desarrollo económico justo y medioambientalmente sostenible.
- Y unas políticas que promuevan una fiscalidad más justa y progresiva y unos presupuestos públicos suficientes que atiendan a las personas y sectores más vulnerables.
- Retorno social de las ayudas públicas a empresas condicionando la obtención de las mismas a criterios objetivos, tales como el empleo de calidad, planes de igualdad, medidas de conciliación, acciones medioambiental…), identificando el compromiso que dichas empresas que obtienen esta cesión de recursos públicos tendrán con el conjunto de la ciudadanía especialmente aquella más vulnerable.
- Democracia económica y participación, avanzando en la transparencia, la rendición de cuenta y en la participación de los agentes económicos y sociales en el diseño y en la aplicación de las políticas públicas.
Los continuos ajustes y los recortes económicos y en derechos han llevado a una situación límite a gran parte de la población andaluza, especialmente a la juventud y a las mujeres, privándoles de unas condiciones de vida dignas y a la dependencia económica -en algunos casos- para subsistir. Por ello, es imprescindible un cambio de estas políticas económicas, basadas exclusivamente en la contención del gasto para reducir el déficit, o anteponer el pago de la deuda a la inversión.
Andalucía, tiene las bases históricas de su economía asentada sobre el peso de los servicios y los sectores primarios, la agricultura, el turismo y la hostelería. Un modelo productivo hegemónico en Andalucía que se caracteriza por la gran estacionalidad, la temporalidad, la parcialidad y los bajos salarios, que imposibilita una aportación a la fiscalidad suficiente como para sostener dignamente los servicios públicos y el Estado del bienestar, propiciando la economía sumergida omnipresente en Andalucía (aprox. 30% PIB) .
Reclamamos la puesta en marcha de actuaciones que estimulen el consumo responsable, el crecimiento económico sostenible, y la creación de empleo de calidad, así como efectuar las actuaciones e inversiones necesarias para que el cambio del modelo productivo sea una realidad tangible.
Es necesario planificar la transformación para consolidar un modelo que asiente las bases para un crecimiento redistributivo que permita consolidar la generación de riqueza y la actividad productiva de manera sostenible e inclusiva. Para ello es esencial que el desarrollo sectorial se produzca sobre la base de actividades de alta y media-alta tecnología con valor añadido, tales como Aeroespacial, Química, Farmacia, Renovables y TIC que generen empleos de calidad y con derechos, rentas suficientes y redistribución de la riqueza a través de unos servicios públicos fuertes y de calidad. Siendo para ello imprescindible el cumplimiento de todos los objetivos del horizonte 2020. Para ello se hace necesario la revisión de las distintas estrategias y planes sectoriales que lo desarrollan (industrial, aeroindustrial, energética, minera, medioambiental, turística, etc.), a la vez que dinamizar e impulsar aquellas otras que no han llegado a materializare como es el caso de la Estrategia Aeroespacial o la de robotización y digitalización.
Las personas desempleadas de nuestra Comunidad sufren una dramática situación, a las que además de privarles de un empleo digno, se les restringe el acceso a un sistema de protección adecuado.
El tejido compuesto por las pequeñas y medianas empresas, la economía social y autónomos constituyen una activo clave para la economía y el tejido productivo de nuestra comunidad, por eso reclamamos la puesta en marcha de un Plan de Ayuda a las Micropymes
Los actuales niveles de desempleo, la inseguridad y la precariedad laboral, entre otros factores, condicionan y son determinantes en el historial de salud de una persona, lo que requiere ámbitos de intervención integrales en la prevención y el tratamiento de la salud
Consideramos clave el compromiso con la defensa del modelo social, como garantía de viabilidad y futuro de la prestación de los servicios públicos que aseguren unas condiciones de vida adecuadas y garanticen la cohesión social y la igualdad de oportunidades.
Es imprescindible alcanzar un Acuerdo con la Administración Local para desarrollar un Plan de Actuación que garantice el mantenimiento, la prestación, la gestión pública y el empleo que depende de la misma, asegurando con suficiencia las competencias propias y delegadas para poder atender y acercar los servicios públicos a quienes más lo necesitan, garantizando la financiación de los mismos, tanto con recursos estatales como autonómicos.
Consolidar un sistema que garantice la igualdad de oportunidades y se comprometa en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, lo que significa priorizar la atención de las personas más desfavorecidas.
Los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida de nuestra comunidad asientan a más de 192.000 solicitudes de vivienda. La Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda regula el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada para todos los andaluces. El texto fija las obligaciones de las administraciones públicas para dar satisfacción a este derecho. Por ello, y ante el importante número de andaluces y andaluzas que presentan dificultades para acceder y disfrutar de una vivienda, consideramos prioritario un plan de vivienda protegida y refuerzo de la vivienda social, que incremente el parque de viviendas protegidas y de acciones de carácter social en toda la geografía andaluza.
Hace apenas 5 meses, en diciembre de 2019, CCOO Andalucía iniciaba una campaña bajo el lema ”El Valor de lo Público”, en defensa de los servicios públicos en Andalucía y de las personas que en ellos trabajan. Y, ahora, la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad imperiosa de trabajar en esa dirección, ya que la mayor crisis sanitaria conocida hasta la fecha no hubiera podido ser resuelta cómo se está haciendo, sin el papel de lo público. Por ello, hay que seguir protegiendo lo público, y salir de la crisis con una mayor consciencia de la necesidad de su protección y blindaje. Es el momento de ponerlo en valor como herramienta de cohesión social, de garante de derechos e igualdad.
Los servicios públicos son la garantía que tiene la ciudadanía de que sus derechos básicos van a ver cubiertos, sin atender a criterios economicistas de rentabilidad y competitividad, como ocurre bajo los criterios actuales de gestión en la empresa privada-
Para mantener la calidad y eficiencia de los mismos es precisa una inversión suficiente, para ello es necesaria la convocatoria de amplias ofertas de empleo, con el objetivo de incrementar el número de efectivos, superando los años de recortes donde no ha habido tasa de reposición en mucho sectores, y permitir la estabilidad de las plantillas, así como la creación de empleo neto.
Exigimos una apuesta clara por la gestión directa de los mismos, así como desarrollar un plan para la reversión a lo público de aquéllos que actualmente están privatizados.
En materia sanitaria hay que defender y garantizar la integridad, universalidad, sostenibilidad y el desarrollo de los sistemas de sanidad.
Reivindicamos el papel de la mujer trabajadora en una sociedad más igualitaria y justa
El derecho a la educación es el primer factor estratégico para la igualdad de oportunidades, clave para lograr una sociedad más justa y cohesionada y terminar con la fractura social que provoca la pobreza. Es un factor fundamental para el futuro de la sociedad andaluza y las personas que la forman, el derecho a la educación va más allá de una plaza escolar, de ahí que entendemos que la gratuidad de la educación no garantiza el ejercicio real del derecho de los niños y niñas en situación de exclusión social. La inversión en un sistema educativo público y de calidad debe ser suficiente y sostenida,
Andalucía es una de las comunidades españolas con mayor volumen de emisiones de CO2, según el informe del Observatorio de la Sostenibilidad.
Las comunidades solo tienen competencia sobre las emisiones llamadas difusas entre las que se encuentran las emitidas por las calefacciones, el tráfico, o las actividades económicas que no forman parte del mercado de emisiones, entre otras.
Recientemente se ha aprobado la Ley de Cambio climático en el Parlamento de Andalucía que permite acometer medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y otros, así como la emisión de partículas que afectan directamente a la salud de las personas, cuestión que es prioritaria y que precisa de su desarrollo de manera urgente.
Reivindicamos el papel de la mujer trabajadora en una sociedad más igualitaria y justa. Muchos de los sectores laborales que se han considerado esenciales en esta crisis sanitaria, son sectores feminizados, y en la mayoría precarizados.
Es imprescindible reforzar las políticas públicas para avanzar en la igualdad real y efectiva, y en el progreso social y democrático de nuestra sociedad, sobre todo en materia de género, donde se han llevado a cabo reformas y recortes que han desmantelado los instrumentos de igualdad y que están provocando una grave pérdida en los derechos sociales y laborales de las mujeres.
Las políticas de empleo son necesarias para la autonomía de la mujer, de ahí, que en el contexto de crisis los gobiernos tengan que redoblar los esfuerzos para garantizar que no pierdan el camino conquistado. Para ello CCOO Andalucía considera preciso una Agenda Económica y Social para la Igualdad cuyo carácter transversal permita avanzar en laboral y socialmente a la mujer, e impregnar el conjunto de acciones del Gobierno andaluz convirtiendo a nuestra tierra en referencia de la igualdad entre mujeres y hombres, asi como avanzar en conciliación.
El desarrollo de las competencias autonómicas, han sido cruciales para acercar a las zonas menos desarrolladas del Estado las políticas sociales. Sin embargo, la crisis, el deterioro de los ingresos fiscales, el cumplimiento del déficit, y sobre todo, la incapacidad para modificar el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas en los últimos años, han provocado grandes diferencias en la financiación de las políticas públicas, generando importantes agravios comparativos en la financiación per cápita, que afecta de forma muy especial a los servicios públicos y en particular a Andalucía.
Para todo ello es necesario afianzar el modelo de Dialogo Social y la Concertación, tal como está recogido en nuestro Estatuto de Autonomía, fomentando la participación de los agentes económicos y sociales en el diseño y en la aplicación de las políticas públicas, reforzando los órganos consultivos y de participación existentes y cumpliendo las funciones establecidos en los mismos.
José Blanco Domínguez es Secretario de Política Institucional de CCOO de Andalucía
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