Por MARCIAL SÁNCHEZ MOSQUERA
Como es sabido, España cuenta con uno de los peores mercados de trabajo de Europa Occidental, incluso de la UE28, incluidos en la relación los antiguos países comunistas. Son notables los déficits en empleo y calidad del empleo; por el contrario, son notables la sobredimensión del desempleo y la temporalidad, junto con la parcialidad no deseada.
Dentro de España, también como es sabido, encontramos también un fuerte desequilibrio. De tal forma que Andalucía se encuentra entre las regiones que peores resultados presenta. Esto hace, obviamente, que nuestra región se encuentre en el furgón de cola de los mercados de trabajo de la UE28 y sus 273 regiones. El problema esencial es que con unas instituciones formales prácticamente iguales (con algunos matices ligados a la Contratación colectiva y las políticas activas de empleo regionales), Andalucía rinde unos resultados muy inferiores al País Vasco, Madrid, Cataluña, La Rioja o Navarra, singularmente las regiones que suelen estar a la cabeza del grupo de regiones españolas.
Si institucionalmente (del lado formal) todo es igual, podría explorarse una solución de “desarrollo exógeno”, salida que el nuevo gobierno de andalucía parece contemplar, según las últimas declaraciones de su máximo responsable. Debemos decir que, en efecto, esta es un “nuevo viejo” planteamiento, ya ensayado por gobiernos regionales socialistas en la década de 1990 y 2000.
Las estructuras de gobierno regional y la capacidad normativa y de cambio institucional andaluz deben, a nuestro juicio, enfocarse hacia el desarrollo endógeno. Hacia el objetivo de transformar nuestras instituciones informales (las formales que competencialmente puede) y nuestro aparato productivo hacia una economía más robusta, más articulada y, en consecuencia, que genere más y mejor empleo. Claro que cabe enfocar este objetivo, incluso compartiendo perspectiva endógena, desde otras ópticas, pero yo me centraré aquí en proponer un par de aspectos que tuvimos la oportunidad de analizar con ocasión de la última crisis económica.
En ese estudio que adjunto como material de consulta pudimos estudiar cómo la sociedad andaluza adolecía no solamente de una estructura productiva retardataria, sino que, en justa correspondencia, padecía una estructura socioprofesional también relativamente atrasada.
Las estructuras productivas son determinantes para el crecimiento de las regiones, pues un mayor peso de actividades avanzadas incrementa la capacidad de generar valor y aumenta la renta per cápita. No obstante, no todo el problema radica en la estructura productiva, sino también en las diferencias en la productividad para realizar las mismas actividades. Es decir, que hacer mejor lo que se hace puede ser tan importante como promover cambios en la especialización productiva. Y ahí interviene, entre otros, el factor de tamaño de las empresas, directamente ligado a los niveles de productividad, y concurrentes ambos factores en el atraso relativo de las regiones.
No pueden tener las mismas oportunidades territorios en los que persisten grupos ocupacionales relevantes en sectores en decadencia. No tiene las mismas oportunidades La des-agrarización y el aumento de la Profesionalización en varios niveles de empleo son elementos de modernidad. En Andalucía el peso porcentual que suponen los grupos ligados a la agricultura no merma. Los grandes terratenientes y jornaleros se sitúan por encima de la media nacional. En Andalucía, además, se ha consolidado la tendencia general de destrucción de la pequeña propiedad y mantenido los niveles de gran propiedad.
Las estructuras productivas son determinantes para el crecimiento de las regiones, pues un mayor peso de actividades avanzadas incrementa la capacidad de generar valor y aumenta la renta per cápita
Los empleos vinculados a la sociedad de servicios y del conocimiento, lo que hoy llamaríamos capital humano, sería el otro extremo productivo y, en efecto, significaría modernidad. En Andalucía es notable el menor el peso de los técnicos y profesionales tanto por cuenta propia como ajena, el de los obreros cualificados y aún más el de directivos, gerentes y altos funcionarios o sea aquel colectivo que en estos años ha ascendido en la escala social y que antes integrábamos en la clase dirigente. En Andalucía, su peso es claramente inferior y, por el contrario, se mantiene el de los grandes propietarios. Todo esto indica un menor nivel de modernización en las estructuras productivas.
Andalucía está por encima de la media nacional el estrato de Administrativos, comerciales, funcionarios, etc. Pero la razón de esto se encuentra en el crecimiento de los servicios de no mercado (Administración Pública), cuyo peso en el empleo (33% en Andalucía, 40% en Extremadura) superaba la media nacional e incluso el nivel de Madrid. El dato de la estratificación añade un elemento: el empleo público se localiza sobre todo en niveles medios y bajos. La crisis ha aumentado el peso de lo público en el empleo, con una destrucción relativa menor. Además, esa hipertrofia de sector público ha podido ser eficaz de cara a la redistribución de riqueza, pero no de su creación. Andalucía muestra persistencia de algunos perfiles sociológicos propios de épocas anteriores. No es que la evolución se haya detenido, pero sí que su ritmo e intensidad ha sido menor que en las regiones más avanzadas: más proporción de población activa en el campo, menor de profesionales y directivos y, sobre todo, un alto porcentaje de empleados públicos de bajo nivel. En ese sentido, sin establecer relaciones causales, el mayor peso del sector público no parece estar vinculado a la modernización, en el sentido de haber contribuido a incrementar la inversión en capital físico ni Humano.
Cabría preguntarse hasta qué punto las amplias clientelas políticas han podido contribuir a esto. Esto, como es natural, no puedo afirmarlo porque no lo he estudiado, pero sí parece una pregunta oportuna después de todo lo anterior.
Marcial SÁNCHEZ MOSQUERA es profesor de Economía e Historia Económica en la Facultad Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla. El artículo está firmado en noviembre de 2019
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