JOSÉ MARÍA PÉREZ JIMÉNEZ y PEDRO E. GARCÍA BALLESTEROS
1.- De la legalidad a la realidad
No cabe duda que el sistema público de enseñanza en España, últimamente, ha apostado con claridad por la inclusión al menos en la enunciación de las leyes educativas. La igualdad de oportunidades como principio básico se mantiene en nuestro sistema educativo desde 1970 hasta la actualidad. A partir de 2006 con la LOE, se avanza hacia el concepto de inclusión educativa como garantía del derecho de todos a la educación. La inclusión se relaciona con los conceptos de participación e igualdad. El alto grado de participación será la garantía del derecho y la prevención de desigualdades en el ámbito educativo. Establecer la igualdad de oportunidades, como un mero acceso a un puesto escolar, no significa que exista igualdad real en las condiciones en las que se desarrolla la escolarización y, por tanto, el derecho a la educación. Por otra parte, cuando la igualdad de oportunidades se vincula, exclusivamente, al esfuerzo individual sin tener en cuenta las condiciones sociales o económicas, aquella no se produce sino que, aun peor, se incrementa la desigualdad.
2.- La inclusión de la mujer: Luces y algunas sombras.
Podemos afirmar que el sistema educativo, de forma progresiva, ha conseguido altas cotas de inclusión, desde el punto de vista de la participación de la mujer en las enseñanzas tanto como alumnas y, posteriormente, como maestras o profesoras, en claro aumento en las últimas décadas, así como una mejora sustancial de los resultados obtenidos.
Según los últimos datos, las tasas de titulación de las mujeres son claramente superiores a las de los hombres y sus tasas de abandono escolar temprano muy inferiores. A lo anterior hay que sumar, la creciente presencia de la mujer en el profesorado, ya que abarca más de dos tercios del total. De todas formas, continúan asignaturas pendientes, por ejemplo, en la Formación Profesional o en las carreras universitarias. En general, se puede afirmar que en términos globales en los últimos años, el sistema educativo ha hecho efectivo el principio de inclusión de la mujer y la igualdad en las posibilidades de acceso al derecho a la educación.
3.- El circulo vicioso de la exclusión de los pobres.
Cuando hablamos de los pobres nos estamos refiriendo a un porcentaje nada pequeño de la población española. Antes de la pandemia, uno de cada tres asalariados era pobre, existían un millón de hogares sin ningún tipo de ingreso y el dinero destinado a la protección social había descendido un 20% desde el inicio de la crisis de 2008. España era el segundo país de la Unión Europea con mayores tasas de pobreza infantil y el que menor capacidad tiene para reducir la pobreza. Y todo esto son datos anteriores a la pandemia del COVID19. En estos momentos, los datos serán claramente mayores y aún desconocidos en sus auténticas dimensiones.
Por otra parte, nivel educativo y pobreza interactúan, de forma que el primero puede ser predictor del riesgo de pobreza y viceversa. Hasta tal extremo que según Eurostat, un bajo nivel educativo multiplica por tres el riesgo de pobreza. Por tanto, a mayor pobreza menor nivel educativo y viceversa, el círculo vicioso de la exclusión. Todo lo anterior se une al alarmante incremento de los niveles de segregación escolar en los últimos años.
La exclusión de los pobres, para los que no basta el acceso, sin más, a un puesto escolar en la etapa obligatoria para romper su círculo de exclusión, se refleja claramente en tres indicadores: el Abandono Escolar Temprano (AET), la repetición de curso y la escolarización en la etapa infantil 0-3 años. En los tres el sesgo socioeconómico es relevante y determinante como para que dejemos de fiarnos de los promedios. El abandono y la repetición se ceban con los pobres y la escolarización 0-3 años, hasta ahora, es para determinadas clases favorecidas. ¿Dónde queda la igualdad de oportunidades con estos puntos de partida? El sistema educativo no se ha mostrado capaz de romper esta espiral, convirtiéndose en un sistema excluyente para un sector elevado de la población e incluso ha perdido su naturaleza de ascensor social. La exclusión de los años setenta, por falta de acceso al sistema educativo se transforma y cierra ahora, medio siglo después, con una exclusión dentro del sistema educativo, al ofrecer éste peores condiciones para un auténtico desarrollo del derecho a la educación en términos de igualdad. Y todo ello se verá fuertemente agravado con la crisis que acaba de iniciarse con la pandemia.
4.- El fracaso de la inclusión de la personas con discapacidad.
Las tasas de escolarización de las personas que presentan algún tipo de discapacidad se han ido incrementando, progresivamente, en el sistema educativo desde que se instauró y comenzó a aplicar el principio de integración. A pesar de lo cual, se mantienen elevados índices de desigualdad de oportunidades y de participación real según las capacidades de cada uno. La escolarización en los niveles básicos de Primaria y Educación Secundaria Obligatoria es del 80% y el 54%, respectivamente, y en el Bachillerato la tasa se encuentra por debajo del 5%. Desde la tasa de analfabetismo hasta los distintos niveles de estudios (de Primaria a la Universidad) presentan altas diferencias en detrimento de las personas con discapacidad.
El problema se agudiza cuando disminuyen los recursos en términos relativos, como ha ocurrido en los últimos años, confirmándose el agravamiento de la brecha educativa para los colectivos con mayores dificultades de participación e inclusión.
5. Conclusiones
1ª. La inclusión se produce cuando existe igualdad en el acceso al derecho a la educación, sin confundirlo con la mera escolarización, y garantía de su desarrollo igualitario de acuerdo con las circunstancias y condiciones de cada ciudadano o ciudadana. Ofrecer lo mismo, independientemente de las condiciones sociales y personales, supone profundizar en la desigualdad.
2ª. La universalización escolar y la integración no bastan ni, por tanto, garantizan el paso de la segregación a la inclusión, por lo que esta última no se ha hecho efectiva para los más vulnerables.
3ª. Nuestro sistema educativo es cada vez más excluyente ya que presenta altas tasas de abandono, segregación, y resultados determinados por el origen social y económico o por las condiciones personales.
4º La crisis económica y los consecuentes recortes, han agudizado la desigualdad educativa. De forma que desigualdad económica y educativa han interactuado, creando un círculo vicioso peligroso. Entre otros motivos porque la falta de inversión pública ha obligado a una mayor inversión privada, solo sufragada por aquellos que pueden asumir los costes. Es decir, el incremento de la privatización ha perjudicado a los más pobres, aumentado la desigualdad.
5ª La crisis generada por la pandemia que sufrimos está produciendo un doble efecto sobre la situación que describimos. Por un lado, agravamiento profundo de los problemas y males denunciados en línea de una profundización de la desigualdad social y educativa y, por otro, la ausencia de la escuela presencial que no puede ser suplida por los medios digitales y que vulnera gravemente el ejercicio pleno del derecho a la educación en sus términos adecuados.
6. Propuestas.
1º. Superar el déficit crónico de recursos destinados a la educación, incrementando sustancialmente la inversión pública y blindando constitucionalmente el derecho a la educación y su ejercicio en condiciones de igualdad. De forma excepcional, habría que librar la dotación económica suficiente para afrontar los retos educativos derivados de la crisis por el COVID 19.
2º. Rediseñar el sistema educativo, tanto en su estructura como en sus contenidos de enseñanza, con un currículo que atienda más a lo esencial.
3º. Modificar la profesión docente, su formación y acceso.
4º. Poner en marcha políticas económicas y sociales, coherentes con las educativas, de forma que combinen objetivos y medidas destinadas a la mejora de la situación económica, social y cultural de los más vulnerables, con un fortalecimiento de la red pública de educación como única red capaz de ofrecer el ejercicio pleno del derecho a la educación en condiciones de igualdad.
ALGUNAS CUESTIONES PARA LA REFLEXIÓN.
- ¿De qué forma la calidad institucional afecta a la gestión educativa, de manera que no todo es un problema de recursos económicos?
- ¿Qué tipo de políticas sociales y económicas serían necesarias para solucionar los problemas educativos que planteamos?
- La inclusión y la igualdad van unidas a la capacidad de participación. ¿De qué forma puede participar la sociedad civil en el debate educativo y en el propio funcionamiento del sistema?
- ¿La enseñanza telemática puede ser una alternativa a la educación presencial o, en sentido contrario, supone la merma o, incluso, desaparición de la escuela ante la imposibilidad de cumplir sus fines?
- De cara al curso 2020-2021 y siguientes: ¿qué reformas urgentes y prioritarias deben abordarse en la escuela pública?
COMENTARIOS
Por Francisco Javier Fernández Franco
- ¿De qué forma la calidad institucional afecta a la gestión educativa, de forma, que no todo es un problema de recursos económicos?
Destaco,entre otros factores, la falta de procedimientos transparentes y rigurosos de selección para el acceso a los puestos directivos y de gestión ya que, todos los cargos de responsabilidad son designados arbitrariamente por el titular del órgano correspondiente. La falta de mecanismos que garanticen la neutralidad de los nombramientos no atendiendo a los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, a través de concurrencia competitiva para el ascenso en la administración, es un elemento que genera mediocridad y ausencia de capacidad técnica en muchos órganos directivos.
Así lo corrobora el trabajo “La calidad de la gobernanza del sistema educativo español. Un estudio Empírico” (https://repositorio.ucjc.edu/handle/20.500.12020/825) realizado por la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela, liderada por Francisco López Rupérez, expresidente del Consejo Escolar del Estado.
- ¿Qué tipo de políticas sociales y económicas serían necesarias para solucionar los problemas educativos que planteamos?
Respecto las medidas económicas debemos blindar por Ley Orgánica que, el presupuesto en materia de educación, nunca será inferior al 5% del PIB nacional. Ahora bien, el problema del sistema educativo español no es de índole presupuestaria, sino de una deficiente gestión de los recursos. Por lo tanto la prioridad es “saber gastar/invertir” ya que, la clave radica, no cuánto se gasta, sino en qué tipo de educación de invierte. Así lo evidencio con datos en la publicación “El mantra del gasto educativo” (https://ined21.com/el-mantra-del-gasto-educativo-1/) Igualmente esto mismo se defiende en el libro “La equidad en educación” del autor José Saturnino Martínez García, publicado en septiembre de 2017 por la editorial Catarata.
En lo relativo a las medidas sociales debemos tener claro que la escuela por sí misma no puede abordar problemas sistémicos. Es injusto achacar a la escuela todos los males del sistema pues muchos no son de naturaleza educativa. Por lo tanto para afrontar decididamente las problemáticas de desventaja social es imprescindible una coordinación interadministrativa y del tercer sector: servicios sociales, fuerzas del orden público, sistema sanitario, medios de comunicación, entidades sin ánimo de lucro, administración de justicia y administración educativa.
Sirva de reflexión el resultado del Informe de fiscalización del Programa Presupuestario 42E «Educación Especial» 2012-2016, elaborado por la Cámara de Cuentas, aprobado por Resolución de 22 de noviembre de 2018 (BOJA nº 234, de 4 de diciembre de 2018), que señala un descenso del gasto medio para el alumnado con necesidades de apoyos educativos. Según este documento, el gasto medio para estos alumnos ha bajado en Andalucía en los últimos años hasta un 18 por 100. Y pese a que los presupuestos se incrementaron en un 14,56 por 100, el número de escolares que demandan estos servicios ha aumentado un 39,36 por 100, lo cual ha provocado la caída en la inversión por estudiante.
- La inclusión y la igualdad van unidas a la capacidad de participación. ¿De qué forma puede participar la sociedad civil en el debate educativo y en el propio funcionamiento del sistema?
Los órganos de participación social en las instituciones educativas (desde el Consejo Escolar del Estado, el Consejo Escolar de Andalucía los Consejos Escolares de los centros o las Comisiones Territoriales de Escolarización) están totalmente desnaturalizados por su falta de impacto y efectos tanto en el control de la gestión, como en las decisiones tomadas por los responsables. Hay que reformar los órganos de control y participación para que alguna de sus decisiones puedan ser vinculantes. Los órganos de participación social deben contribuir a garantizar la transparencia de las administraciones. Para ello, además de ganar peso en la toma de decisiones, sus informes y dictámenes deben públicos. La inspección de educación debería informar anualmente ante la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía, sobre el estado y situación del sistema educativo andaluz. Por último algunos de los informes de la inspección de educación deberían ser públicos para que se generara en la sociedad un debate fundamento. En ese debemos aprender del Ofsted, la oficina del Reino Unido para los estándares en educación, servicios y habilidades para niños.
- ¿La enseñanza telemática puede ser una alternativa a la educación presencial o, en sentido contrario, supone la merma o, incluso, desaparición de la escuela ante la imposibilidad de cumplir sus fines?
Se ha demostrado que la enseñanza presencial es insustituible. La educación tiene una carga de socialización en sus propios fines (crear ciudadanos competentes y librepensadores) que precisa de la interacción y de la presencialidad para poder llevarla a cabo en toda su extensión. La escuela virtual ni existe ni puede existir. Otra cosa bien distinta serán las clases on line. Lo virtual se ha convertido en el mal menor que conviene convertir en el mejor mal menor posible. Hemos descubierto que no es la palanca que las empresas de tecnología educativa nos vendían como un paradigma de éxito. Ni, como dice Gregorio Luri, hay un homínido nuevo llamado nativo digital, ni el libro de papel estaba desfasado ante la pantalla fuente del saber, ni estamos en la era de la información y tampoco es cierto que, sabiendo utilizar un buscador, huelgan los conocimientos previos. La relación pedagógica fundamental es la que se produce cara a cara. En la interacción tangible docente-discente. En el cara a cara no se puede mentir mucho tiempo. La cara es una presencia que siempre nos habla con mucha mas sinceridad que la distancia. El cara a cara puede tener complementos pero no sustitutos. Somos zoon politikón.
La familia se ha demostrado de nuevo como la verdadera institución de acogida cuya solidaridad no caduca. En esa solidaridad las familias se han convertido en sujeto de aprendizaje. Y en ese devenir, la tecnología ha funcionado donde la familia ha funcionado. Sin familia se ha demostrado que la brecha digital ha existido aun habiendo dispositivos en casa. Propongo la lectura de “Informe educación y confinamiento. COVID-19 Cerrar la brecha. Impacto educativo y propuestas de equidad para la desescalada. Save the Children. 12 de mayo de 2020. Madrid.”
- De cara al curso 2020-2021 y siguientes: ¿qué reformas urgentes y prioritarias deben abordarse, en la escuela pública?
Destaco dos.
1) La simplificación del currículo. La crisis nos ha hecho ver que es necesario reducir los currícula de manera notable para centrar los aprendizajes en aquello que es realmente necesario e imprescindible. Urge profundizar en lo esencial y sistematizarlo (memoria, trabajo, esfuerzo y empatía) en vez de sobrevolar en lo accesorio. Urge preguntarse con firme convicción: ¿para qué la educación? ¿cuáles son sus fines? ¿cuál es su sentido último? ¿existe una ética educativa?
2) La implementación de planes para aumentar los efectivos docentes en zonas vulnerables para evitar una quiebra profunda y de casi imposible retorno de los más débiles de la sociedad. Ningún país puede permitirse el lujo de diluir el talento de ninguno de sus ciudadanos. Dichos planes deben ser sometidos a seguimiento y a una posterior evaluación por parte de la inspección de educación. No puede haber inclusión educativa sin recursos ni planificación. Así lo reflejan igualmente los dos últimos Informes del Defensor del Pueblo Andaluz 2017 (http://www.defensordelmenordeandalucia.es/informe-anual-de-menores-2017) y 2018 (https://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/informe-anual-2018/desglose/pdf/6-s2018.pdf) y el último informe del del Defensor del Menor de Andalucía 2018. (http://www.defensordelmenordeandalucia.es/sites/default/files/informe-anual-de-menores-2018/desgloses/pdf/dma2018D-2.pdf)
Francisco Javier Fernández Franco es Inspector de Educación.
fjavier.fernandez.franco.edu@juntadeandalucia.es
@javierfrancofer
COMENTARIOS
Por Rafael Bermudo del Pino
- ¿De qué forma la calidad institucional afecta a la gestión educativa, de forma, que no todo es un problema de recursos económicos?
El sistema educativo es una estructura compleja y de grandes dimensiones. En el caso de Andalucía, según las estimaciones recogidas el documento “La Educación en Andalucía. Datos y cifras: curso 2019/2020″, editado por la Consejería de Educación y Deporte, al inicio del presente curso había en nuestra Comunidad un total de 1.813.006 alumnos/as en los diferentes niveles de enseñanzas, de ellos 1.298.270 en el tramo que abarca desde la Educación Infantil a la Secundaria Obligatoria. Durante el curso 2019/2020, según el mismo documento, funcionan un total de 7.144 centros de las distintas tipologías (públicos, privados-concertados y privados) y desempeñan sus funciones en ellos 127.253 docentes De acuerdo a los datos del propio gobierno andaluz, los presupuestos de la Consejería de Educación y Deporte para 2019 ascendieron a 6.619 millones de euros. Está claro que gestionar una realidad de estas dimensiones es complicado y que tener una suficiente dotación de recursos económicos es indispensable.
Muchos centros educativos andaluces, en especial los de la red pública, tienen importantes carencias en cuanto a infraestructuras (edificios envejecidos y deteriorados, falta de espacios adecuados que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje, barreras arquitectónicas que dificultan la escolarización de alumnado con problemas de movilidad, carencias en cuanto a climatización y confortabilidad…), recursos materiales (insuficiente e inadecuada dotación de equipos y sistemas informáticos, como se ha podido evidenciar en los últimos meses) y personal para poder desarrollar una atención individualizada al alumnado (ratios elevadas, insuficiente dotación de personal de atención al alumnado con NEAE, como maestros de pedagogía terapeútica, de audición y lenguaje, profesorado de educación compensatoria, personal técnico de integración social…).
Como sostienen los autores de este artículo, es necesario paliar estas deficiencias con una adecuada dotación económica si se quiere avanzar en el terreno de la inclusión y la disminución de la desigualdades, pues es evidente que quien resulta más perjudicado por la actual situación es el alumnado más vulnerable y más necesitado de atención.
Más allá de lo anterior, no obstante, es cierto que para conseguir un sistema educativo menos excluyente hace falta una administración educativa que plantee líneas de trabajo con objetivos definidos y políticas coherentes e intervenciones sistémicas para alcanzarlos. Ahí es donde habría que situar la calidad institucional sobre la que se nos invita a reflexionar en estas líneas. Quienes están al frente de las instituciones educativas deben tener ideas claras y perspectivas de futuro. No pueden actuar por ocurrencias pasajeras ni anunciar periódicamente iniciativas y programas, por bienintencionados que estos sean, que, al estar desconectados de los problemas reales y sus causas estructurales, no pueden contribuir sustancialmente a la mejora de la equidad y calidad del sistema.
Una gestión de calidad de las políticas educativas implica alejarse de los intereses cortoplacistas y posibles rentabilidades electorales inmediatas de los gobiernos de turno y buscar complicidades a nivel institucional para desarrollar estrategias que combatan, desde sus orígenes, la desigualdad, la exclusión y el fracaso escolar.
- ¿Qué tipo de políticas sociales y económicas serían necesarias para solucionar los problemas educativos que planteamos?
Diversos informes publicados en los últimos tiempos constatan que el sistema educativo español, en general, y el andaluz, en particular, tienen altos niveles de fracaso escolar, abandono temprano del alumnado antes de alcanzar la titulación básica y segregación del alumnado por centros en función de su extracción social. En términos generales, la evidencia muestra que la escuela contribuye más a reproducir las desigualdades existentes que a compensarlas. Algunos de estos indicadores apuntaban a un empeoramiento de la situación en los últimos años, lastrada por las consecuencias de la anterior crisis económica. En el contexto actual provocado por la COVID 19, el riesgo de que la situación se agrave es muy alto.
Como inspector de referencia de varios centros situados en zonas socialmente muy desfavorecidas, he tenido conocimiento de muchas situaciones familiares dramáticas en las que los problemas educativos ha pasado a un segundo plano ante la necesidad de atender cuestiones más básicas incluyendo la propia garantía alimentaria.
Los problemas educativos señalados en este artículo (falta real de igualdad de oportunidades, segregación escolar, mayor riesgo de repetición de curso, fracaso y abandono del alumnado socialmente desfavorecido, barreras que dificultan aún la inclusión de la personas con discapacidad…) son el reflejo de las desigualdades sociales existentes en nuestro entorno, por lo que no será posible enfrentarlos si las medidas que se puedan tomar desde el ámbito escolar no van acompañadas de otras políticas que tengan como objetivo favorecer la cohesión social y reducir las brechas existentes a varios niveles.
A modo de ejemplo puede citarse la cuestión de la segregación escolar. Ninguna medida puede ser efectiva en este contexto si no se acompaña de actuaciones en el ámbito del urbanismo y de la distribución de la población en riesgo de exclusión social. Si se favorece la creación o permanencia de bolsas de población excluida, antes o después aparecerán los guetos educativos. Otro ocaso es el de la lucha contra el absentismo y el abandono temprano del sistema educativo. Cualquier actuación que se pueda desarrollar en este sentido debe ir acompañada de programas de capacitación e insersión laboral de los miembros de la unidad familiar, en especial de las madres, y de planes efectivos de conciliación de la vida familiar.
Conviene recordar que los principales beneficiarios de medidas como la recientemente aprobada de un Ingreso Mínimo Vital, pueden ser los niños y niñas de contextos sociales más desfavorecidos y en riesgo o situación de exclusión social.
- La inclusión y la igualdad van unidas a la capacidad de participación. ¿De qué forma puede participar la sociedad civil en el debate educativo y en el propio funcionamiento del sistema?
La participación de las familias en el funcionamiento de los centros se consagra en la normativa educativa desde la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE). Esta ley, en coherencia con lo prescrito por el artículo 27.7 de la Constitución, propone una concepción participativa de la actividad escolar en la que la participación de la comunidad escolar se vehicula a través del consejo escolar del centro.
Con diversas vicisitudes en relación con las competencias y atribuciones de los Consejos Escolares, esta estructura de participación se ha mantenido en todas las leyes educativas posteriores. El índice de participación de familias y alumnado en la gestión de los centros ha sido siempre, en todo caso, bastante discreto, sea por falta de interés, de conciencia de su importancia o de tiempo que dedicar a ello por la siempre difícil conciliación de la vida laboral y familiar.
Por su parte, la sociedad en general nunca ha tenido la educación como una de sus mayores preocupaciones. Cuando las cuestiones relacionadas con ellas han tenido alguna presencia en los medios de comunicación, como ha ocurrido periódicamente con la tramitación de las numerosas reformas y leyes educativas (hasta cinco en el periodo de cincuenta años que acaba de cumplirse desde la Ley General de Educación, LGE, de 1970), el foco de atención se ha dirigido a cuestiones alejadas de los problemas reales y relevantes del sistema educativo (recordemos la perenne discusión sobre la presencia y relevancia de la materia de religión o las disputas entre administraciones sobre el control de los contenidos o el régimen lingüístico de la enseñanza en algunos casos). Una prueba evidente de este desinterés es la escasa relevancia de las cuestiones educativas en los debates políticos con ocasión de las numerosas campañas electorales de los últimos tiempos. Si la educación aparecía en los mismos era para utilizar datos negativos como arma arrojadiza hacia el adversario o el gobierno de turno, pero no para plantear modelos alternativos que pudieran mejorar las carencias del actual sistema.
Por lo que se refiere a las posibilidades de la sociedad civil para participar en el debate educativo y en el propio funcionamiento del sistema, creo que haría falta, en primer lugar, una mayor y mejor información sobre la realidad del mismo, más allá de los lugares comunes y recurrentes sobre los malos resultados del informe PISA, las noticias alarmistas sobre el acoso escolar y los pseudodebates sobre la libertad de las familias para escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. Basta haber seguido las preguntas de los periodistas a los responsables de las políticas educativas y las noticias publicadas en estos últimos meses sobre los efectos del confinamiento y las medidas que debían adoptarse de cara al final del presente curso escolar, para darse cuenta de que no abundan los profesionales de la información especializados en cuestiones educativas y que los medios de comunicación buscan más el titular efectista que la información contrastada.
Un aspecto positivo que podría traer la permanencia de los alumnos y alumnas en casa por el cierre de los centros escolares es el mayor conocimiento que las familias están teniendo de la realidad educativa aunque sea en su distorsionada versión doméstica. El contacto que muchos padres y madres están teniendo con profesorado y tutores por vías telemáticas o el considerable tiempo que están teniendo que dedicar a acompañar a sus hijos e hijas en las tareas escolares puede y debería servir como punto de inflexión en la relación de colaboración tan necesaria entre familia y escuela. La incidencia que la actual situación está y seguirá teniendo en la conciliación laboral de muchas familias tendría que aprovecharse también para replantear modelos laborales y de gestión social del tiempo, poniendo de relieve la importancia que la atención directa de los padres y madres tiene sobre la evolución académica y personal del alumnado.
- ¿La enseñanza telemática puede ser una alternativa a la educación presencial o, en sentido contrario, supone la merma o, incluso, desaparición de la escuela ante la imposibilidad de cumplir sus fines?
Le enseñanza telemática ya existía antes de la actual pandemia y es una herramienta educativa muy potente gracias al enorme desarrollo experimentado por las famosas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Pero resulta evidente para cualquier profesional de la educación que, como cualquier otra herramienta, sólo resulta adecuada para un cierto tipo de enseñanzas y alumnado.
La enseñanza semipresencial o a distancia existe en nuestro sistema educativo, desde hace años, para la educación de adultos en sus diversos niveles desde la educación obligatoria hasta los estudios universitarios. Este modelo de enseñanza requiere una metodología específica que implica, necesariamente, una amplia autonomía de los estudiantes para acceder a los contenidos e interactuar por medios electrónicos con sus compañeros y con el profesorado. Como alternativa a la enseñanza presencial tiene la gran ventaja de permitir una gran flexibilidad en la gestión del tiempo y hacer así compatible el estudio con el trabajo, la atención a las obligaciones familiares o la falta de determinada oferta formativa en el entorno del alumno.
Es de esperar, y de desear, por tanto, que este modelo educativo se desarrolle en los próximos tiempos al hilo de los avances tecnológicos para ofrecer posibilidades y alternativas de formación permanente al conjunto de la sociedad. Pero resulta evidente que, en ningún caso, puede ser una alternativa viable a la enseñanza presencial en los niveles educativos básicos en los que el contacto directo entre docentes y alumnos es fundamental. Cualquiera que conozca la realidad de un centro educativo de primaria o secundaria sabe que en la interacción del alumnado entre sí y con el profesorado, en las aulas y otros espacios escolares, se desarrollan una serie de experiencias y aprendizajes que van mucho más allá de los expresamente establecidos en el currículo oficial.
La propia normativa establece como fines del sistema educativo el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos, la educación en valores comunes y compartidos como el respeto de los derechos y libertades fundamentales, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad, el ejercicio de la tolerancia, la libertad y la convivencia, y el desarrollo de la autonomía y la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje.
Ningún entorno virtual de aprendizaje puede contribuir a la consecución de estos fines en niños y niñas de infantil, primaria y secundaria de la forma en que lo hace la interacción directa en el aula, con los modelos y pautas de conducta que proporcionan el grupo de iguales y la figura de referencia del docente. Privada del contacto directo, la escuela pierde su capacidad de educar la gestión emocional de las situaciones, de proporcionar una atención individualizada al alumnado y de compensar las desigualdades de partida que introduce la diferente situación familiar de cada niño o niña. No cabe duda de que quien más sufre esta pérdida es, precisamente, el alumnado más vulnerable y más necesitado de apoyo y atención por sus circunstancias personales o familiares.
La ficción de una escuela telemática ha podido funcionar como respuesta de emergencia a la situación del confinamiento obligatorio provocado por la actual crisis sanitaria, pero no puede plantearse seriamente como alternativa a la enseñanza presencial. Cuestión diferente es que deba potenciarse, a partir de los buenos ejemplos que han aflorado en estos meses, el objetivo largamente pospuesto de fomentar el uso de las TIC en el entorno escolar. Los avances tecnológicos ofrecen grandes posibilidades educativas que pueden y deben integrarse como complemento y enriquecimiento de la enseñanza directa en el aula, pero, en ningún caso, pueden plantearse como una alternativa a ésta.
Plantear como modelo permanente la enseñanza telemática en los niveles básicos tendría más que ver con algunos planteamientos delirantes de “homeschooling“ que, además de poner en cuestión, como se ha dicho, la dimensión compensatoria de desigualdades de la escuela, comprometería la finalidad de preparar a niños y jóvenes para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida social con actitud crítica y responsable.
- De cara al curso 2020-2021 y siguientes: ¿qué reformas urgentes y prioritarias deben abordarse con carácter más urgente, en la escuela pública?
En los últimos meses, nuestro país y el resto del mundo han tenido que afrontar una crisis sanitaria sin precedentes en nuestra historia reciente. Para ello ha sido necesario movilizar enormes recursos sanitarios y económicos y adoptar medidas extraordinarias en el ámbito social para proteger la salud de los ciudadanos. Independientemente de cómo evolucione esta situación en los meses venideros, el curso próximo deberemos afrontar una emergencia educativa derivada de la suspensión de la actividad presencial en los centros educativos durante el tercer trimestre de este curso. Como en el caso de las consecuencias económicas de la pandemia, la peor parte de esta crisis tendrán que afrontarla los sectores más vulnerables y más necesitados de una atención y apoyo individualizados.
El largo periodo de tiempo transcurrido desde el final de las clases presenciales tendrá un impacto muy negativo en el alumnado con perfil absentista y en riesgo de abandono y fracaso escolar. También en el alumnado con Necesidades Educativas Especiales que ha sido privado de la atención profesional y los recursos existentes en los centros educativos. En mayor o menor medida todo el alumnado habrá sufrido algún retraso o deficiencia en el desarrollo de los aprendizajes previstos en el nivel educativo en el que se encontraba, por lo que serán necesarias medidas de flexibilización de la organización de los centros educativos y de adaptación de los currículos para hacer frente a esta situación.
Por otra parte, serán necesarios, como en el caso del sistema sanitario, recursos y medidas excepcionales que deberán estar focalizadas en el alumnado más vulnerable y en riesgo de no alcanzar la titulación básica. Será indispensable movilizar partidas económicas extraordinarias para adaptar espacios en los centros educativos que permitan aplicar, el tiempo que sea necesario, las medidas de distanciamiento social e incrementar las plantillas de profesorado para hacer posible que se tomen medidas como reducciones de ratio, desdobles y atención personalizada al alumnado. Recordemos que, en nuestra Comunidad, esta situación sobrevenida se añade, en muchos centros escolares, a una estructural de deficiencias en las infraestructuras y plantillas que hace aún más necesario este esfuerzo.
La respuesta a los desafíos del curso próximo debería venir de la colaboración entre la administración y los responsables de los centros y servicios educativos, llevando a cabo una evaluación de la situación de cada centro en cuanto a espacios y personal y estudiando cuál sería la mejor respuesta que podría darse en cada caso y los medios mínimos indispensables para ponerla en marcha. En este planteamiento habría que contar con la cooperación de otras administraciones y entidades sociales que pudiesen aportar recursos para garantizar la mejor atención al alumnado de cada centro y localidad.
Esta actuación es necesaria y urgente para poder planificar adecuadamente la organización del curso 2020/2021, por lo que sería deseable que los responsables de la administración educativa definieran, cuanto antes, públicamente unas líneas de trabajo claras, más allá de las apelaciones retóricas al manido lema de “No Child Left Behind “.
Por su conocimiento directo de la realidad de los centros y su capacidad técnica para elevar informes a la administración educativa, la Inspección de Educación podría tener un papel relevante a la hora de asesorar a los centros y supervisar la puesta en marcha de las medidas educativas que sean necesarias.
Rafael Bermudo del Pino es Inspector de Educación
COMENTARIOS
Por Andrés García Díaz
- ¿De qué forma la calidad institucional afecta a la gestión educativa, de forma, que no todo es un problema de recursos económicos?
Lo primero sería definir claramente qué entendemos por calidad institucional. Vamos a definirla como la gestión de los servicios públicos realizada por las instituciones a través de un cuerpo técnico de acreditada solvencia e independiente del poder político en cuanto a la ejecución de dicha gestión a fin de asegurar la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía.
En tal sentido es evidente que la gestión del derecho a la educación no depende sólo de la cantidad invertida (sin olvidar que la misma es importante) sino de la adecuada gestión de la misma que, sin duda alguna, ha de estar siempre guiada por la salvaguarda del acceso al derecho a la educación, atendiendo principalmente a aquellas capas sociales más deprimidas. Esto tiene una serie de implicaciones que afectan desde la formación inicial y continua del profesorado y otros niveles de la gestión educativa hasta la evaluación periódica y sistemática del propio sistema.
- ¿Qué tipo de políticas sociales y económicas serían necesarias para solucionar los problemas educativos que planteamos?
Aquellas que pongan en el centro los derechos humanos y faciliten los medios para su acceso universal por parte de toda la ciudadanía. Es ingenuo, cuando no manifiestamente malintencionado, pensar que el sistema educativo es una herramienta eficaz para la compensación de las desigualdades económicas y sociales de origen que están en la base de la exclusión de ciertas capas sociales. En este sentido consideramos que el Ingreso Mínimo Vital, como un primer paso para la consecución de una Renta Básica Universal, es un instrumento adecuado para tal fin. Con respecto al acceso al derecho a la educación consideramos que la discusión en torno a si dichas políticas de distribución de rentas han de estar o no ligadas al trabajo es, a todas luces, irrelevante.
- La inclusión y la igualdad van unidas a la capacidad de participación. ¿De qué forma puede participar la sociedad civil en el debate educativo y en el propio funcionamiento del sistema?
Creemos que la descentralización de la gestión puede ayudar de forma importante a la participación real y efectiva de aquellos sectores excluidos para que puedan acceder a los beneficios innegables de la educación. En tal sentido no nos parece baladí la propuesta de la municipalización de la gestión de los servicios educativos.
- ¿La enseñanza telemática puede ser una alternativa a la educación presencial o, en sentido contrario, supone la merma o, incluso, desaparición de la escuela ante la imposibilidad de cumplir sus fines?
Consideramos que la enseñanza telemática no es más que un recurso que puede implementarse en casos de emergencia como el que hemos pasado, pero en caso alguno lo contemplamos como una alternativa a la educación presencial. El contacto del alumnado con sus iguales y con el profesorado dentro del marco referencial de la escuela (horarios, normas, secuencias, estamentos…) es un elemento indispensable para la formación y para el desarrollo de la sociabilidad. En este asunto particularmente, y siendo conscientes de que no es el objeto de la ponencia, nos preocupa sobremanera la derivada sindical de la enseñanza telemática pues la reciente experiencia ha puesto sobre la mesa una sobreexplotación de los y las enseñantes que se ha naturalizado con excesiva facilidad e incluso frivolidad sin que haya habido(no la he conocido al menos) una adecuada respuesta sindical.
- De cara al curso 2020-2021 y siguientes: ¿qué reformas urgentes y prioritarias deben abordarse con carácter más urgente, en la escuela pública?
Lo prioritario para el curso próximo es no tener prisa. Antes que nada se trataría de reconocer que un instrumento estructural y fundamental para la construcción de la ciudadanía como es la escuela ha estado suspendido en su configuración normalizada durante medio año con consecuencias nefastas para aquellos sectores más necesitados de la misma y con especial incidencia, nos atreveríamos a decir, en la escuela pública. Por lo tanto la primera tarea que ha de abordarse es un análisis profundo y riguroso de lo que ha sucedido (análisis que ha de trascender el centro concreto y llegar a la propia estructura del sistema) , de sus consecuencias sobre aquellos sectores sociales más perjudicados por su desaparición y, en relación con ello, la planificación de una estrategia que intente paliar esos déficits.
Hay que huir, sobre todo en la pública, de las dinámicas stajanovistas y “utilitaristas» que la enseñanza privada ha puesto en marcha tratando de prescindir de lo que ha ocurrido e intentando asentar un modelo de escuela virtual que ignora la realidad de las capas más desfavorecidas a la vez que le ahorra costes.
Andrés García Díaz ha sido maestro.
COMENTARIOS
Por José Pereira Sánchez
Sería demasiado pretencioso por mi parte tener y aportar respuestas para todas las cuestiones planteadas al final de este magnífico artículo. Por eso voy a hacer una reflexión personal sobre el mismo asunto, la inclusión en el sistema educativo, que puede aportar pequeñas respuestas a las preguntas propuestas.
El sistema educativo no resuelve la brecha social, no consigue la inclusión social de los alumnos que acceden a él con déficit económico, social y, por ende, cultural, ni cuando salen del sistema ni siquiera dentro de la propia escuela. La escuela no es, pues, “el ascensor social” que se pretende en los planteamientos teóricos.
La escuela es parte del problema y podría ser parte de la solución, pero solo parte en ambos casos.
Es parte del problema porque reproduce en su sistema organizativo, académico y social las diferencias sociales. Es parte del problema porque es incapaz de conseguir la inclusión con el uso de métodos, contenidos y formas de evaluar estandarizados que no tienen en cuenta los distintos puntos de partida, solo el punto de llegada: la titulación. Es un sistema selectivo en todo su recorrido. La enseñanza telemática que aparece como la salvación en estos momentos de confinamiento, y que hay quien la pregona como sustitutivo de la escuela presencial, no solo no resuelve la brecha, sino que la agranda; no son pocos los alumnos que no cuentan con los medios, las ayudas o los conocimientos necesarios para convertir esta situación en satisfactoria. Todos los alumnos pierden con la enseñanza no presencial, pero las familias con recursos económicos y culturales pueden suavizar esa pérdida con medios complementarios y la propia colaboración familiar.
Y podría ser la escuela parte de la solución, insisto, ser parte, pero no en solitario. Para que esto ocurriera sería necesario trabajar en varios frentes, y no todos relacionados directamente con la escuela. La educación, como sabemos, desborda el ámbito escolar y es mucho más que escolarizar: educa la familia, educa el barrio, las asociaciones, partidos políticos, sindicatos, ayuntamientos, empresas y, por supuesto, la escuela con todos sus elementos propios. Todos ellos deben estar comprometidos y coordinados para participar en la elaboración de planes y estrategias que permitan que la totalidad de los alumnos accedan al sistema y desarrollen su proceso formativo en igualdad de condiciones.
Por eso, para mejorar esa tarea de inclusión y participación, como se plantea en el artículo, habría que conseguir una ley educativa imbricada con leyes económicas y sociales que tiendan a eliminar las diferencias, las desigualdades de partida y de recursos que participan en el proceso; una ley que modifique los diseños curriculares y evaluativos que en la actualidad se utilizan como obstáculos a superar para alcanzar los títulos, no primando la formación real sino la formal y cuantitativamente evaluable. Una ley que modifique el sistema de selección y formación, inicial y permanente, del profesorado, primando los valores formativos y la práctica frente a los meramente académicos y metodológicos. Una ley que propicie una autonomía real de los centros que les permita, en colaboración con otras instancias comprometidas en el proceso, adaptar su organización, sus espacios y sus horarios a las necesidades reales de su población escolar. Una ley educativa que apueste por la escuela pública, único recurso de posible equilibrio, participación e inclusión, dotando presupuestariamente su aplicación real, garantizando una gestión eficiente por parte de las instituciones y evitando los centros “gueto”.
Una ley, en definitiva, apoyada en otras de carácter económico y social, elaborada a partir de la participación real de todos los elementos implicados en la educación, referidos anteriormente, y con vocación de durabilidad.
Es evidente que la brecha educativa no es más que el reflejo de la brecha socioeconómica; y en Andalucía esa brecha social es más profunda que en el resto del estado. Habría que aplicar medidas estructurales de gran calado en lo económico y lo social para avanzar en la reducción de esa brecha, que, en la actualidad más inmediata, fruto de la epidemia del Coronavirus y sus efectos sobre la escuela, se está ampliando de manera alarmante. Es indispensable actuar en el tejido económico, empresarial y productivo para que la escuela tenga alguna posibilidad de actuar frente a la actual situación de un sistema educativo que profundiza en la injusticia social, pues discrimina respecto al derecho a la educación.
José Pereira Sánchez ha sido profesor.
Deja una respuesta