Por JAVIER ARISTU
En 2007 se aprobó un nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía que venía a proyectar la idea de superación del marco de aquella Transición que había desembocado en la Constitución de 1978. En cierto modo, los parlamentarios de 2006 creían que, treinta años después, Andalucía tenía que “constitucionalizar” no tanto su derecho a la autonomía, adquirido ya en 1982, sino su derecho a constituirse “como nacionalidad histórica”. Es significativo que aquel año coincidieran el recurso del PP contra el Estatut catalán, posteriormente enmendado por el TC al Estatuto catalán, y la aprobación de la “nacionalidad histórica” andaluza, sin ninguna objeción esta vez por parte del PP.
1977 (4D) y 1980 (28F) marcaron el salto de un territorio del sur de España desde la subalternidad política al protagonismo en igualdad con otros territorios históricos. La pregunta, sin embargo, que nos podríamos hacer también es: ¿Fue aquello una apuesta por alcanzar una determinada reivindicación histórica –la autonomía– o fue más bien y al mismo tiempo un medio para frenar o modular la reconfiguración radical de un Estado centralista en otro compuesto? En pocas palabras: ¿Andalucía pudo ser la excusa para que los poderes tradicionales del Estado frenaran la demanda de Cataluña y País Vasco a establecer con el Estado una relación diferencial?
De cualquier manera, cuarenta años después, tras la recomposición del Estado centralista en un Estado autonómico, tras los Estatutos de segunda generación, tras el recorrido del plan Ibarretxe, tras las intervenciones del TC contra el Estatuto catalán, tras el propio procés y, al final pero no por ello menos importante, tras el proceso evolutivo del marco político y jurídico de la Unión europea…¿no es acaso evidente que más que abusar de la técnica jurídica reformista, propia del día a día de la política, habrá que acometer una profunda y ambiciosa reflexión que vaya más allá de nuestra actual realidad, temblorosa y dubitativa?
Esa reflexión debería llevar, posiblemente, a un replanteamiento de nuestro Estado de las Autonomías, tal y como se concibió en 1978 y en los sucesivos procesos constituyentes autonómicos de la primera década del siglo XXI. Ese replanteamiento solo puede ir en la línea de una perspectiva federal. Un federalismo que solo puede tener éxito si es asimétrico y si es solidario. Cuatro décadas después de la apertura del proceso descentralizador que adoptó el nombre de autonómico es hora de revisarlo en clave de derechos de las propias federaciones que componen el Estado. España será federal o estará sometida esporádica pero continuamente a las tensiones territoriales que hemos observado a lo largo de los últimos años. Se trata tanto de reconocer formalmente el derecho de unas denominadas naciones o nacionalidades que históricamente han existido desde no se sabe cuándo dentro del Estado compuesto llamado España, como de dar cuerpo jurídico a un complejo conjunto de tensiones sociales y territoriales que se han ido gestando no solo a través de una larga etapa histórica sino también y especialmente al calor de los procesos de salida de la Dictadura franquista, de la crisis industrial y económica de los años 70 y 80, de la globalización e internacionalización de los sistemas productivos, de la apuesta por una Europa unida y con intereses generales y, finalmente, del pleno convencimiento de muchos habitantes de este solar hispánico acerca de la idea de vivir de acuerdo con sus peculiaridades e historias particulares. La propuesta de España federal es tanto una respuesta al contencioso histórico de la triada España-Cataluña-País Vasco como una salida al complejo de crisis generalizada de este comienzo de siglo XXI.
Andalucía, en esa encrucijada, debería jugar un papel muy importante, como le corresponde como territorio de mayor población española y por su especial incidencia en la organización política de España. De igual manera que lo jugó en 1977-1982 para, en cierto modo, romper el diseño constituyente que se debatía entre los tres pleitos históricos, hoy debe jugar ese papel no para romper nada sino para ayudar a construir un nuevo modelo de convivencia federal, con respeto a los territorios históricos o que no lo son, y de solidaridad. Pero, paradójicamente, cuando más falta hace que se oigan voces de respeto y de tolerancia, de sentido y de comprensión de las historias de estas Españas plurales, y que sus ecos estén presentes en el debate político, es cuando más escasean. Y precisamente en nuestra tierra.
Esa reflexión debería llevar, posiblemente, a un replanteamiento de nuestro Estado de las Autonomías, tal y como se concibió en 1978 y en los sucesivos procesos constituyentes autonómicos de la primera década del siglo XXI. Ese replanteamiento solo puede ir en la línea de una perspectiva federal
En Andalucía, en los últimos años y por razones diversas, se ha producido un fenómeno de introversión y de retraimiento que no está ayudando a que salgan adelante propuestas facilitadoras de soluciones de la crisis territorial. Andalucía, junto con otras comunidades autónomas de España y un complejo conjunto de instancias del llamado Estado central, es el ariete de una lectura conservadora y retrógrada de aquel paradigma de pensamiento que se plasmó, con todas sus indefiniciones, en el Título VIII de nuestra CE. El procés catalán, por un lado, la crisis política generalizada desde los últimos diez años y, en nuestro caso, la evolución de las estructuras políticas andaluzas (partidos, instituciones, parlamentos), han llevado a la Comunidad andaluza a situarse en el punto más atrasado y conservador respecto de la relectura y replanteamiento de la cuestión territorial.
De ahí la necesidad de renovar los componentes del pensamiento progresista que vayan en la línea de hacer una lectura genuina de aquella cuestión nacional española que hoy es también una cuestión catalana, una cuestión vasca ouna cuestión andaluza. Recomponer un proyecto hacia una España posible que ya no puede ser la España centralista y, posiblemente, ni siquiera la España autonómica. Esa lectura progresista de la cuestión, que no es sino un ejercicio de volver a pensar en positivo las bases de nuestra Constitución así como una apuesta por una Europa federal, implica poner en cuestión, o al menos revisarlas también, las bases de aquel proceso autonómico andaluz a la luz de su propio trayecto posterior y de las realidades actuales. No todo se hizo bien o hay bastantes cosas que se han podido hacer mejor.
Más que tender la vista hacia un pasado que nos pudiera dar una cierta legitimidad para proponer nuevos modelos de autogobierno, es menester tender la mirada hacia el futuro, ojear lo que ocurre en territorios vecinos, aprender de otras experiencias y, fundamentalmente, variar el rutinario rumbo en el que está instalada nuestra Comunidad (instituciones, partidos, elites directivas) desde hace ya varios años. Ese rumbo nos ha llevado hasta aquí, hasta una situación deprimida y que no resiste comparaciones con otras comunidades. El discurso grandilocuente, retórico y orgulloso de sí mismo es cuestionado por la realidad de los hechos, de la contabilidad y de las historias vitales de muchos andaluces. Con seguridad, el camino para alcanzar una solución posiblemente compleja a un problema ciertamente complejo llevará años. Los estropicios causados en estos diez años, como poco, sobre el modo de convivencia no se resolverán de forma sencilla. Pero es indispensable acometer esa tarea desde una voluntad resuelta y desde un entendimiento libre de cualquier emotividad o pasión irracional.
Algunos temas sueltos para articular ese debate
- Una relectura del debate constituyente: ¿es reformable el Estado de las Autonomías o solo es posible avanzar en la línea de un nuevo pacto federal?
- Papel de Andalucía como Comunidad autónoma en el diseño de ese nuevo pacto constitucional.
- ¿Son las actuales provincias un marco adecuado para recomponer y reconducir la planta autonómica andaluza?
- ¿Cuáles serían los principios básicos de un modelo federal de financiación de los territorios? ¿Es posible un desarrollo a partir del actual modelo?
- ¿Cuáles serían las palancas actuales y futuras capaces de dinamizar la vida democrática andaluza? Reformas en el reglamento del Parlamento, reformas municipales, reformas en la ley electoral y en los partidos políticos.
Firmado en Diciembre de 2019
Deja una respuesta